La Ley Ricarte Soto (Ley N° 20.850), promulgada en Chile en 2015, establece un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Su objetivo es garantizar el acceso a medicamentos, dispositivos médicos y tratamientos que sean efectivos, pero que representen un gasto elevado para los pacientes y sus familias.
Principales aspectos de la ley:
- Cobertura: Beneficia a todas las personas afiliadas a Fonasa e Isapres, sin importar su condición económica.
- Enfermedades cubiertas: Incluye patologías graves, crónicas y poco frecuentes, como algunos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes y genéticas, entre otras.
- Financiamiento: Se cubre con recursos públicos a través de un fondo especial del Ministerio de Salud.
- Selección de tratamientos: Un comité de expertos evalúa periódicamente qué tratamientos serán financiados, basándose en evidencia científica y criterios de costo-efectividad.
- Garantía de acceso y continuidad: Una vez que un tratamiento es aprobado, los pacientes tienen derecho a recibirlo sin interrupciones.
La Ley Ricarte Soto ha sido clave para mejorar la calidad de vida de miles de personas, pero ha generado debates sobre la cantidad de enfermedades cubiertas y la necesidad de ampliar su alcance.